Tlaxcala, Tlax.- La Consejera Consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Tlaxcala, Geovanny Pérez López, a cargo de la Comisión de Educación, Cultura de Paz y Derechos Humanos, declaró que la autoridad estatal debe garantizar que hechos como lo ocurrido el pasado 8 de marzo, durante las manifestaciones de feministas en la entidad.
“Como consejera consultiva de la CEDHT rechazo cualquier tipo de violencia en cualquier espacio, los discursos estigmatizantes que vulneren a manifestantes en el ejercicio de sus derechos, así como cualquier acto que criminalice o promueva discursos de deslegitimación a la organización de mujeres y al movimiento feminista en Tlaxcala”, señaló la servidora.
Pérez López recordó que el movimiento de las mujeres en los 8M es demostrar las violaciones a los derechos humanos y reconocer la lucha de las defensoras de las mujeres en la erradicación de las violencias “desde diversos espacios y expresiones”.
La Consejera abogó además por la eliminación de discursos estigmatizantes que únicamente refuerzan el clima de desconfianza, miedo y desinformación; en cambio, aclaró que todas las personas tienen derecho a la libre expresión de sus ideas y de manifestación pública.
También mencionó que intervención policial en función del derecho a la activación de mecanismos vinculantes y no vinculantes, para la protección de sus derechos humanos, también son mecanismos para las mujeres víctimas de violación a sus derechos, por lo que quedará a disposición el mecanismo de queja ante la CEDH.
“No debe olvidarse las obligación y deberes del estado, y como una de ellas es la actuación con la debida diligencia, documentando e investigando adecuadamente sobre la existencia del uso de polvos de extintor, de gas lacrimógeno (que provocaron reacciones en ojos, garganta), de lanzamiento de artefactos, de agresiones y daños a equipos de trabajo o cosas personales que a través de los medios de comunicación, y páginas de diversos colectivos, defensoras de derechos humanos, activistas han argumentan fueron por parte de personal de seguridad publica en contra de manifestantes. Siendo el estado quien debe garantizar la no repetición de lo sucedido en el 8 de marzo de 2022”, sentenció.
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