San Pedro Cholula, Pue. La asociación de abogados de Cholula promovió un amparo desde el mes de marzo contra el artículo 86 de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Puebla de 2019, debido a que se establece un cobro “excesivo” por expedición de copias certificadas y simples al Poder Judicial, lo cual viola los derechos humanos de los poblanos y poblanas.
Así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación de Abogados de Cholula, Angélica Carranco Tejeda quien recordó que el amparo fue interpuesto ante el Juzgado Sexto de Distrito, por lo que esperan que su inconformidad sea escuchada y atendida por los diputados locales ante la próxima Ley de Ingresos de 2020.
“Dice al artículo 86 que tenemos que hacer el pago de dos pesos por hoja, copia simple que queramos, y dos pesos de la certificación, es decir, la expedición de una copia certificada costaría cuatro pesos, esto obviamente trasgrede los derechos humanos de las personas, especialmente el artículo 17 constitucional que la justicia debe ser pronta y expedita, y aquí ni es pronta ni expedita y mucho menos gratuita”, dijo Carranco Tejeda.
En ese sentido, la jurista cholulteca expuso que ante la violación de los derechos humanos, tomaron la decisión de promover un juicio de amparo, con lo cual la asociación que encabeza sigue “peleando” y “respondiendo” ante las exigencias de la sociedad, misma que se encuentre protegida y que al mismo tiempo, estén respondiendo a sus expectativas.
“Creemos que el hecho de imponer un derecho así es una violación, es algo que además atrasa la justicia, este tipo de cuestiones lo que hace es que ahora unas copias que podían solicitarse de manera inmediata y que se entregaban en ese momento tardan hasta dos o tres días, ahora hay que llenar un formato y se tiene que aprobar por el secretario de acuerdos, en el caso de Cholula se tiene que ir a pagar a Ciudad Judicial”, subrayó Carranco Tejeda.
Asimismo, detalló que ya que se tiene el pago se debe regresar al secretario de acuerdos, una vez dado el pago se puede sacar las copias, mismas que se entregan para ser certificadas, de lo cual, la abogada consideró que además de hacer más “lenta” la justicia es un gravamen para los ciudadanos que tienen que pagar.
“Las personas acuden a pedir justicia y no lo hacen por gusto, por necesidad, es una necesidad de pedir justicia cuando se nos ha violentando un derecho, si queremos pagar un derecho de acceso al expediente hay que pagar al gobierno del estado a finanzas. Es una ley inconstitucional y que viola derechos humanos”, concluyó.
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