El presunto desfalco de cuotas escolares en 2023 en la Escuela Secundaria Técnica Número 1 de Tlaxcala capital quedó sin resolución, ya que los padres de familia no continuaron con el proceso legal tras la denuncia interpuesta ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Así lo lamentó el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández.
Hace un año, el comité de padres de familia acusó a su presidenta y ex candidata al gobierno del estado, Liliana Becerril Rojas, de presuntos malos manejos de los recursos de la institución y del robo de cuotas del segundo trimestre de 2023, que sumaron más de 500 mil pesos y fueron entregadas voluntariamente para el mantenimiento e insumos de la escuela.
Aunque se inició una denuncia penal, esta no avanzó debido a la falta de seguimiento por parte de los padres afectados. "Desafortunadamente, padres y madres de familia ya no siguieron con el tema del proceso ante la entonces PGJE, hoy ya Fiscalía. El último dato que tengo es que no se siguió el proceso para judicializar la carpeta, entonces esos datos que quedan en la aparente impunidad no debieran suceder", expresó Meneses Hernández.
El secretario apuntó que las autoridades educativas no pueden intervenir directamente en estos casos, ya que se trata de recursos recabados y administrados por los propios padres de familia. "No porque son recursos de padres de familia, son recursos de particulares que dan en resguardo a otro particular y que ellos deciden en la forma que se justifica. Nosotros lo que establecemos son mecanismos de rendición de cuentas entre ellos, orientados por los directores, pero estos no tienen participación en el manejo de los recursos. Si se comprobara que hay participación de maestros y maestras, es donde entonces nosotros intervenimos", aclaró Meneses Hernández.
Finalmente, el secretario hizo un llamado a los padres y madres de familia que también son docentes en la misma institución educativa, instándolos a abstenerse de formar parte de los comités. Advirtió que, en caso de detectarse irregularidades, estas personas serán sancionadas e investigadas como servidores públicos.
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