Puebla, Pue.-La LXI Legislatura del Congreso de Puebla se encuentra en medio de una división interna significativa, especialmente en la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en relación con la aprobación de la reforma a la Ley de Ingresos 2023. Esta reforma busca reactivar el cobro de la tarifa de parquímetros en la ciudad, específicamente en la fracción XI del artículo 57 de la ley en curso.
El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, ha expresado su confianza en que los 41 diputados finalmente darán su aprobación a esta controvertida medida. Sin embargo, la realidad actual refleja una falta de consenso tanto dentro de la bancada panista como entre los legisladores morenistas y petistas. El coordinador de los diputados panistas, Rafael Micalco, admitió recientemente que no existe un acuerdo unánime en la fracción blanquiazul para respaldar la propuesta del Ayuntamiento de Puebla. Además, varios legisladores de Morena y el PES también han manifestado su descontento con la enmienda, realizada después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara en contra del cobro de parquímetros, declarándolo inconstitucional. A pesar de estas divisiones, el edil sigue afirmando que, una vez que el legislativo lleve el caso al pleno, la administración municipal continuará trabajando en la reordenación de la movilidad vial en el centro de la ciudad. El presidente municipal subrayó que todos los regidores, así como los secretarios y directores de la administración municipal, están dispuestos a explicar los detalles de esta modificación a los legisladores. La controversia se originó el 11 de septiembre, cuando la SCJN declaró inconstitucionales los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica en relación con el cobro de los parquímetros. La resolución fue informada por Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro ponente, quien argumentó que la disposición violaba los principios mencionados. No obstante, el 9 de octubre, durante la sesión de la comisión de Patrimonio y Hacienda, los regidores, la síndica, Guadalupe Arrubarrena García y la tesorera, María Isabel García Ramos, trabajaron en una modificación para abordar las preocupaciones planteadas por la SCJN.
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