Puebla, Pue.- En una intensa muestra de autoridad, la Policía Municipal de Puebla desplegó un operativo en la zona de mariscos y pescados de la 16 Oriente-Poniente del Centro Histórico, generando tensiones y descontento entre los vendedores informales.
El recorrido de los elementos policiales abarcó áreas estratégicas como la Avenida 14 Oriente, calle 2 Norte, el corredor 5 de Mayo y cercanías de la Plaza Victoria. Los ambulantes utilizaron métodos de alerta como chiflidos y radiotransmisores para prevenir el encuentro con la fuerza policial. Sin embargo, al llegar a la 16 Oriente-Poniente, la situación se tornó tensa. Mientras la mayoría de los locatarios optaron por mantenerse en calma, una vendedora de pescado expresó su descontento en una entrevista con los medios, calificando los operativos como "demasiado agresivos". La comerciante, perteneciente a la Organización 19 de Septiembre, reconoció la labor del alcalde Eduardo Rivera Pérez en la mejora de las calles del Centro, pero hizo hincapié en la difícil situación que enfrentan, apelando a la comprensión, argumentando que "tienen hambre". La vendedora relató las gestiones previas realizadas para obtener un espacio adecuado donde ejercer su actividad de manera legal, solicitando apoyo al edil para adquirir una propiedad en la zona. A pesar de esto, su petición no fue atendida. Además, señaló las dificultades encontradas en el proceso de regularización de su documentación, alegando que tanto Protección Civil como Normatividad no les brindan la atención necesaria en sus oficinas, a pesar de sus esfuerzos por operar dentro de la legalidad. La tensión escaló cuando la vendedora acusó a uno de los agentes policiales de burlarse de ella, amenazando con clausurar su negocio sin considerar su situación. Según sus declaraciones, el agente justificó sus acciones alegando obediencia a órdenes superiores. Este episodio ha puesto de manifiesto la complejidad y las tensiones latentes entre las autoridades, los vendedores informales y las dificultades de regulación en un área donde la necesidad de ingresos choca con la rigidez de los requisitos legales y la aplicación de la ley, generando un escenario de conflictividad que aún no encuentra una solución clara.
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