Puebla, Pue.- México se encuentra en un momento clave en la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, dos figuras penales que chocan con las voces que refrendan el reconocimiento de los derechos humanos.
Tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera que ambas medidas solo deben utilizarse bajo argumentos legítimos como peligro de fuga y obstaculización del proceso.
Durante un conversatorio para Ibero Puebla Puebla, Esmeralda Arosemena de Trotiño, comisionada y relatora para México de la CIDH, argumentó: “De lo que se trata, jurídica y procesalmente, es de un derecho establecido para proteger otro bien jurídico fundamental: la integridad personal”.
Desde 2013, la comisión ha documentado los usos excesivos de la controvertida figura. Cinco años después, y frente a un subcontinente que comenzaba a virar hacia estrategias de seguridad basadas en la mano de hierro, se publicó la primera guía para reducir la prisión preventiva.
Países como Venezuela, Paraguay, Haití y República Dominicana tienen los mayores registros de uso de la medida cautelar de forma ilegal o desproporcionada. Para revertir la situación, Arosemena de Trotiño consideró elemental la capacitación de los órganos de justicia para garantizar una gestión correcta de los casos.
La experta recalcó que una aplicación adecuada del derecho encaminará a sistemas de justicia efectivos e instituciones apegadas a la legalidad.
“No se trata de que las personas no sean procesadas. Debemos garantizar que el juez no pueda utilizar ninguna línea de excusa”, informó Arosemena de Trotiño.
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