Tlaxcala, Tlax.- El Poder Judicial de la Federación concedió un amparo al magistrado Marco Antonio Tecuapacho Domínguez para que el Poder Legislativo se abstenga de designar una nueva magistratura dentro del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), hasta que se resuelva en definitiva su amparo concedido.
En ese sentido, los legisladores no deberán nombrar a su sustituto hasta que el Poder Judicial de la Federación resuelva si fue “legal, correcta, exhaustiva, imparcial, fundada y motivada” la resolución de no ratificarlo en el cargo de magistrado.
Pese a ello, Tecuapacho Domínguez deberá dejar el cargo el próximo 31 de agosto, pues esa fecha concluye su periodo en la magistratura.
Cabe recordar que la actual Legislatura local decidió no ratificar en el cargo a Tecuapacho Domínguez, pero de acuerdo con el expediente 826/2024 alcanzó la protección de la justicia federal.
“Se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, se abstengan de emitir la resolución exclusivamente en la que se designe a quien deba ocupar el cargo desempeñado por el quejoso Pedro Tecuapacho Domínguez, lo que implica que deba continuarse con las etapas previas del proceso de designación por cuanto a dicha vacante exclusivamente. En similares términos se resolvió el recurso de queja del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito”, establece el amparo.
Junto con Tecuapacho Domínguez, tampoco fue ratificada en el cargo de magistrada María Isabel Pérez González.
Ambos, según la actual Legislatura, carecen de buena fama, honorabilidad, eficiencia, rendición de cuentas y honestidad invulnerable. Tampoco cuentan con congruencia, probidad, diligencia e impartición de justicia, además de tener un pobre conocimiento en materia fiscal, por lo que decidieron no ratificarlos en sus respectivas magistraturas en el TJA.
Si bien María Isabel Pérez González aceptó la determinación de los congresistas, Marco Antonio Tecuapacho Domínguez promovió un juicio de amparo señalando a los legisladores de incurrir en acciones y omisiones en su proceso de evaluación.
Por lo pronto, la justicia federal emplazó a los diputados para que, en un plazo de tres días –los cuales se contabilizan a partir del pasado viernes-, notifiquen a la justicia federal el cumplimiento de ese fallo, pues en caso contrario podrían ser sancionados con una multa.
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