Este jueves dará inicio el juicio oral en contra de Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez quienes fueron detenidos y señalados por el linchamiento en contra de un presunto ladrón el pasado 15 de abril de 2022 en la comunidad de San Pedro Tlalcualpan, Chiautempan.
Al respecto, organizaciones civiles defensoras de derechos humanos condenaron la Causa Penal 419/2022 a la cual, los también defensores de las laderas de la Malinche, fueron sujetos por la cual corren el riesgo de que se les imponga una pena de 50 años de prisión.
La defensa afirma que tanto Rosales Meléndez como Cahuantzi Meléndez están siendo señalados por homicidio calificado, no obstante, persisten inconsistencias en la investigación.
"Como organizaciones de derechos humanos, condenamos los hechos ocurridos y la privación de la vida de la víctima, asimismo reconocemos el derecho de su familia a buscar justicia. Sin embargo, a decir de los integrantes de su comunidad, Saúl y Raymundo son defensores del bosque que han sido criminalizados por las autoridades del Estado de Tlaxcala, quienes utilizaron ese lamentable acontecimiento para solicitar y, el 14 de julio de 2022, ejecutar órdenes de aprehensión en su contra, por lo que fueron privados de la libertad y a partir de ese momento se encuentran a la espera de que su situación jurídica sea resuelta, lo que está por suceder" afirmó el Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh).
A partir del año 2018, las y los pobladores de San Pedro Tlalcuapan comenzaron una movilización para solicitar el apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno ante la plaga del gusano descortezador que afecta los bosques de las laderas de La Malinche o Matlalcueyétl, aledaños a su territorio ancestral.
En estos esfuerzos, Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez tuvieron una participación central, dado que ambos fueron presidentes de su comunidad. No obstante, la respuesta gubernamental no fue suficiente, por la falta de brigadas para la atención de la plaga, así como por un manejo inadecuado por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.
Desde su detención, integrantes de su comunidad, diferentes colectivos y organizaciones de la sociedad civil han exigido su liberación, pues de la documentación del caso y el análisis de las pruebas con las que se sostiene la acusación en su contra, consideran que el proceso al que están sujetos está relacionado con sus actividades en defensa del bosque, las cuales los ha confrontado con diversas autoridades, y no con su participación directa en el hecho en el que estuvo involucrado un grupo de pobladores, mismo que atiende al hartazgo social por el contexto de inseguridad que vive la comunidad, y del que es difícil establecer una responsabilidad individual por tratarse de un caso de linchamiento.
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