Puebla, Pue. La delegación en Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la que se debe encargar de regular la venta de oxígeno en el estado para evitar abusos en sus costos, pero no han hecho nada porque están en confinamiento, acusó el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, quien consideró que este organismo es inservible en la entidad.
Luego de ser cuestionado sobre la posibilidad de que su administración promueva una iniciativa para evitar los sobrecostos que se han denunciado en tanques de oxígeno para pacientes con Covid-19, el mandatario estatal expuso que ese tema es responsabilidad de la Profeco, e incluso aseveró que su administración ha contactado a este organismo para que actúen en consecuencia, pero no ha habido respuesta.
Incluso dijo que no cumplen con su supuesta labora de proteger al consumidor y en la capital del estado han dejado que la ciudadania sea estafada en la compra de oxígeno.
"Yo ya me dirigí a su titular y simplemente no hay Profeco en Puebla. No hay acciones de la Profeco. Mejor que cierren y que se vayan, de verdad que sí; se ahorraría la federación una delegación inservible, inútil. No actúa en absoluto, están de confinamiento, están de cuarentena allá en la Profeco, y a la sociedad, que se aprovechen de ella", profirió.
Miguel Barbosa ha criticado la labor de la Profeco en Puebla desde abril del año pasado, cuando se empezaron a hacer denuncias por los productos de canasta básica que se ofrecían con sobrecostos en algunos supermercados. En aquel entonces también acusó que las instalaciones de la Procuraduría del Consumidor estaban vacías porque su personal se encontraba en confinamiento, por lo que señaló que estaban cometiendo omisiones graves en sus funciones.
Respecto a los robos de tanques de oxígeno, el jefe del Poder Ejecutivo afirmó que todos los resultados que se han obtenido hasta el momento es gracias a la intervención de la Policía Estatal, y descartó colaboración alguna con la Guardia Nacional, aunque de acuerdo a esta institución, Puebla está entre las 7 entidades federativas con más denuncias en ese sentido.
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