Puebla, Pue. La Comisión de Derechos Humanos (CDH) en el estado de Puebla emitió medidas cautelares a la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, luego de recibir una queja por parte de dos periodistas que en días pasados denunciaron ser víctima de detención ilegal y agresiones por parte de la policía de aquella demarcación.
La CDH, encabezada en Puebla por Félix Cerezo Vélez, dio a conocer que el martes 28 de marzo recibieron una queja de presunta violación a los derechos humanos por parte de dos mujeres que se dedican al periodismo en Izúcar de Matamoros, por lo que se emitieron medidas cautelares a la alcaldesa, Irene Olea, para que se atenga de realizar actos que atenten contra la vida, dignidad e integridad físico y psicológica de las periodistas.
Asimismo, instruyeron a la Policía Municipal a que su actuar se mantenga en apego a la Constitución y respetando las garantías individuales que esta establece, y solicitó un informe sobre los hechos denunciados, a fin de continuar las respectivas investigaciones.
Las medidas cautelares por parte de la CDH fueron emitidas a solo unas horas de que Irene Olea Torres se presentara ante medios de comunicación para señalar que las quejas de periodistas en su contra son un ataque del ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez.
En rueda de prensa, aseguró que ya existe una investigación al interior de la Policía Municipal sobre este hecho, no obstante, reconoció que los seis uniformados señalados por la agresión contra las mujeres periodistas siguen trabajando normalmente. Además, aseguró desconocer los hechos denunciados.
Las periodistas de Enlace Noticias, Natali López y Michelle López, que además son hermanas, denunciaron que el pasado viernes 10 de marzo fueron detenidas por un grupo de más de 10 policías durante más de seis horas, tiempo en el que fueron desnudadas, torturadas y humilladas por presuntas órdenes de la presidenta municipal.
En la denuncia que presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron haber sido fotografiadas y grabadas desnudas por los mismos policías, quienes condicionaron su libertad a cambio de mil 900 pesos.
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