Por: Cortesía

Puebla

En riesgo representatividad legislativa por reformas de AMLO: politóloga UPAEP

Puebla, Pue.- En la Ley de procedimientos electorales vigente desde hace 47 años, se establece la representación proporcional con 100 diputados de esta naturaleza, que hoy son 200, para que las minorías tengan acceso al Congreso y sean voces de la sociedad plural, situación que pone en riesgo la reforma política propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según Claudia Ramón Pérez, politóloga de la UPAEP, la desaparición de la representación proporcional sería un retroceso, ya que afectaría a los partidos de oposición, especialmente al PAN, PRI y PRD. En los años 80, estos partidos lograron presencia en la legislatura gracias a esta forma de representación.

La politóloga destaca que el sistema de representación proporcional permite un sistema bipartidista y la desaparición de esta modalidad podría llevar a que los partidos afines al gobierno formen un bloque único, dejando a la oposición en desventaja.

Claudia Ramón Pérez señala que quitar la representación proporcional sería un retroceso injusto desde el punto de vista democrático e histórico, ya que este sistema aporta pluralidad a las legislaturas al integrar a las minorías.

Además, menciona la reforma para reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos para su trabajo ordinario y la regulación de las aportaciones privadas. La politóloga destaca que se debe revisar la fórmula actual de financiamiento, pero llama la atención sobre el cálculo basado en el padrón electoral en lugar de la lista nominal para votar. Sugiere que el cálculo debería realizarse sobre el porcentaje de participación, reduciendo así los recursos para obligar a los partidos a vincularse más con la sociedad.

Claudia Ramón Pérez concluye que la propuesta actual no refleja el espíritu de la primera iniciativa, ya que inicialmente se planteaba la eliminación total de los recursos, lo que abría la puerta a apoyos externos y generaba preocupaciones sobre la intervención de poderes fácticos en el financiamiento y las campañas electorales.

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