Puebla, Pue. El titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, confirmó que un menor de 10 años de edad y un adulto de 23 perdieron la vida tras ser llevados un hospital luego de las explosiones por polvorín que se registraron durante el jueves 19 de mayo en los municipios de Tulcingo del Valle y Santo Tomás Hueyotlipan, por lo que el número de víctimas por este siniestro subió a 8.
José Antonio Martínez detalló que tras la explosión en Tulcingo, un niño de 10 años fue trasladado al Hospital para el Niño Poblano, donde perdió la vida tras presentar quemaduras en el 89 por ciento de su superficie corporal, mientras que un hombre de 23 años que sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su superficie corporal llegó a perder la vida a su arribo al nosocomio.
El funcionario estatal informó además que actualmente mantienen en observación hospitalaria a una niña de nueve años en el Hospital para el Niño Poblano y a un hombre de 30 años internado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia. Asimismo, mencionó que cuenta con un reporte sin confirmación sobre la muerte en sitio, de cuatro personas que ya han sido identificadas.
Barbosa pide a presidentes municipales no permitir talleres de pirotecnia
Tras los hechos ocurridos en ambas demarcaciones, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, hizo un exhorto a presidentes municipales para que no permitan el funcionamiento de talleres de pirotecnia, pues dijo que, además de no contar con autorización para operar, muchos de ellos se ubican en domicilios particulares.
Precisó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es la única con facultades para dar autorización al funcionamiento de este tipo de talleres donde se fabrican explosivos, por lo que las autoridades municipales no pueden permitir su operación, y si identifican un sitio así, que lo denuncien.
"He exhortado a los alcaldes a que denuncien la existencia de talleres de pirotecnia ante la SEDENA, y si quieren, también ante nosotros, para que tengamos información y hagamos lo propio para hacer que SEDENA intervenga y cierre. La justificación moral de que son fuentes de trabajo es real, pero son casas particulares donde se manejan explosivos, pólvora y muchas otras cosas", expresó.
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